Cooperativas, una oportunidad desaprovechada

Cooperativas, una oportunidad desaprovechada, mexico

(México) Pueden ser constituidas mediante aportaciones económicas o en especie, tienen algunos beneficios fiscales y son más sólidas.

En medio de la inestabilidad financiera por los precios bajos del petróleo, la guerra contra divisas, la fuga de capitales, el desempleo y la desigualdad, existe un esquema de empresas sólidas y productivas que generan empleos y reciben beneficios fiscal.es especiales. Se trata de las Sociedades Cooperativas (S.C.), que los actores principales de una de las tres partes que por ley constituyen la economía mixta del país: el sector social.

“Esta crisis generalizada nos ha hecho voltear hacia las empresas cooperativas y autogestivas como alternativas ante el resquebrajamiento paulatino de la estructura económica y social provocado por la desigualdad”, dice Martha E. Izquierdo, autora del libro Problemas de las empresas cooperativas en México.

Las S.C. son empresas integradas por un mínimo de cinco personas físicas con un proyecto común, sin importar que alguno de los socios no cuente con capital para invertir, ya que puede cubrir su parte con bienes, derechos (tierras, maquinaria y otros medios de producción) o trabajo, de tal modo que su voto tendrá el mismo valor que el de los demás socios.

De acuerdo con la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, una S.C. “debe estar abierta a todas las personas que quieran ingresar, sin importar raza, creencia religiosa, ideas políticas, sexo o posición social”.

A diferencia de la Sociedad Anónima (S.A.), las cooperativas cuentan con beneficios fiscales como la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el sector primario o que éste sea pagado hasta en dos años si el rendimiento no se entrega a los socios, ya que año con año se debe reinvertir. Tampoco están obligadas a pagar el Impuesto Sobre Nómina (ISN), salvo que contraten personal asalariado únicamente para obras de tiempo determinado o para sustituir temporalmente a un socio (no más de seis meses). De igual manera, no están sujetas a pagar aportaciones habitacionales (Infonavit) y pueden crear un fondo de previsión social para cubrir gastos médicos, funerales, subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías y actividades culturales y deportivas.

Aunque en 2008 las cooperativas se vieron afectadas por la crisis financiera mundial, que desató la gran recesión y sacudió al capital internacional, lograron mantener su estabilidad y seguridad gracias a su modelo de análisis de riesgo y el énfasis en el servicio a sus miembros, señala el informe anual Global300, divulgado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

“Las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza”, dice Ban Ki Moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En países como Finlandia y Canadá, donde la mitad de los habitantes están afiliados a una cooperativa, la población situada en el 20 por ciento superior de la escala de ingresos gana sólo entre cuatro y cinco veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior. Sin embargo, en México, donde menos del diez por ciento está afiliado a una organización de este tipo, la relación es de 14 a uno, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto demuestra que los países que cuentan con mayor número de cooperativas tienen mayor estabilidad económica y social, porque crean puestos de trabajo con remuneraciones igualitarias, lo cual favorece la distribución de la riqueza. También fomentan la competitividad, pues se integran a la cadena productiva y mejoran la calidad de vida de las comunidades donde se insertan.

“Se preocupan permanentemente no sólo por la acción empresarial en su entorno productivo inmediato, sino que atienden el desarrollo sustentable de las comunidades donde se insertan”, afirma Claudia de Lisio en el estudio El modelo cooperativo: respuesta a las crisis mundiales.

Además, las cooperativas tienen una serie de principios y valores que las diferencian del resto de las sociedades mercantiles, como experiencias en común, confianza, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, que se reflejan en la organización del trabajo.

Dos de las cooperativas más grandes del país, Cruz Azul y Pascual, surgieron a partir de la inconformidad de los trabajadores ante la situación laboral que había cuando eran S.A. En la actualidad la cementera genera ingresos para 14,000 familias y la empresa de bebidas Pascual da empleo a alrededor de cinco mil personas.

Sin embargo, éstas y otras cooperativas han sido acusadas de prácticas indebidas para obtener beneficios fiscales, y de violar los principios y valores del cooperativismo para satisfacer intereses particulares.




El estigma



El Servicio de Administración Tributario (SAT) ha detectado que algunas cooperativas facturan operaciones inexistentes y utilizan el esquema de subcontratación, disfrazando el salario de los trabajadores, para beneficiar a empresas de S.A. Los trabajadores que originalmente estaban en una o varias sociedades anónimas son afiliados a una sociedad cooperativa. La persona moral le paga una parte de sus salarios, los cuales sí están gravados y pagan contribuciones, pero otra se entrega a través de las sociedades cooperativas bajo la figura de fondos para reserva, actividades culturales o apoyo a la calidad de vida del trabajador, que se consideran ingresos exentos, explica Ernesto Luna, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT.

Estos esquemas de planeación fiscal ponen en desventaja a los empresarios que contratan a su personal con todas sus prestaciones con el salario real, pues los que simulan tenerlos afiliados a una cooperativa sólo pagan contribuciones mínimas al fisco y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual también afecta al trabajador, pues cuando se jubile o pensione el monto que recibirá será bajo porque una parte de su sueldo la recibe de manera informal.

La cooperativa Pascual, por ejemplo, dividió sus bienes en varias empresas, como Transportes Valbo. S.A. de C.V., Servicios de Diseño de Producción S.C., Comercializadora de Insumos Naturales s.a. y Grupo Inversionista Acolman S.C., y su personal está subcontratado, para evadir impuestos al facturar operaciones con sobreprecio y pagar a sus trabajadores como si fueran socios cuando en realidad no es así, afirma Rafael Anaya, quien se identifica como socio-fundador de la empresa, pero que desde 1985 ya no labora en ella.

También acusa a Pascual de quitarle a él y a unos 800 compañeros más la copropiedad de las marcas y patentes mediante engaños y firmas falsas. “Han despojado a la gente por edad avanzada o enfermedad y se han hecho millonarios”, dice refiriéndose a los miembros del consejo de administración, como Salvador Torres Cisneros, Filiberto Bucio Rodríguez y Rubén Darío Andrade. El Contribuyente contactó en tres ocasiones distintas a la cooperativa Pascual para conocer su versión, pero declinaron la invitación en cada ocasión.

La cooperativa Cruz Azul también se ha visto envuelta en escándalos de este tipo. Desde julio de 2010, alrededor de 300 socios han denunciado al presidente de la empresa, Guillermo Álvarez, por lavado de dinero, fraude y cohecho ante el sat y la Procuraduría General de la República. Trascendió que la dirigencia del Club de Futbol Cruz Azul evadió impuestos al utilizar el outsourcing a través de dobles contratos: uno en pesos que se reportaba al fisco por unas cifras menores, y otro en dólares por cantidades millonarias que no se reportaba a la Secretaría de Hacienda.

Aunque Luna no dio nombres, afirma que desde su llegada al sat ha detectado 18 cooperativas que han incurrido en malas prácticas —como facturación de operaciones inexistentes— para beneficiar a empresas con capital privado. Por eso el fisco limitó el beneficio de pagar el isr hasta el ejercicio en que se distribuyeran las utilidades a los socios, sin establecer un máximo para ello, a un plazo de dos años.

La lógica del SAT es evitar la evasión y elusión fiscales al afirmar que todas las cooperativas incurren en prácticas indebidas, pero no aplican el trato diferenciado que exige Ley General de Sociedades Cooperativas para las empresas que se dedican a actividades del sector primario, como agricultura, pesca y ganadería, de acuerdo con el “Estudio jurídico y fiscal de las sociedades cooperativas como empresas de carácter social en la región mixteca Oaxaca, México y su situación actual” de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Este estudio también indica que el fisco retira o reduce los beneficios de ley sin verificar la naturaleza y operaciones reales de la S.C.

Las cooperativas son empresas sociales, no tienen fines lucrativos y, por lo tanto, en principio no deberían ser personas morales que debieran generar ISR porque no generan ganancias (retribución económica que reciben los accionistas por el capital invertido), sino excedentes económicos (beneficios resultantes del ejercicio económico), los cuales se distribuyen entre los socios de acuerdo con sus aportaciones, ya sea de trabajo o en especie, argumenta Rojas, de la UACH.

En su opinión, la carga fiscal es un factor que ha influido en la desaparición de sociedades como Gremio Unido de Alijadores (gua), la primera cooperativa de estibadores de México, cuya deuda con el fisco superó los 50 millones de pesos. Por lo tanto, “la política fiscal tendría que aplicarse de manera gradual (estar exentas durante los primeros cinco años). No es lo mismo una cooperativa que se fundó el año pasado a una que se fundó hace 30”.

Rojas reconoce que hay gente que utiliza la figura jurídica para evadir impuestos, pero tiene claro que el monto (158 millones de pesos) no se compara con lo evadido por empresas privadas (300,000 millones de pesos).

Para conocer las versiones de los dirigentes de Cruz Azul, El Contribuyente solicitó una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.


Un nuevo cooperativismo



El cooperativismo en México es poco entendido, conocido y visibilizado entre la sociedad, además de poco apoyado por el gobierno, por considerarlo un movimiento social que puede desafiar al sistema y no como parte de la economía, como lo establece la Constitución. Por eso es necesario replantear la figura de la cooperativa desde su definición hasta su legislación, afirman expertos.

“Los gobiernos en el mundo deberían ser conscientes de que el cooperativismo no es un partido político. Lo que proponemos es una opción más a las que ya existen. Es un error pensar que la cooperativa es una organización de pobrecitos que antes de morirse de hambre crean una cooperativa”, dice Dov Orian, jefe de la oficina de la Confederación Nacional Cooperativa.

Por ejemplo, en México no existe una institución pública que se encargue del control de las cifras oficiales acerca de las sociedades cooperativas, lo cual no permite conocer su impacto y los alcances que tienen. “Las cifras oscilan entre cinco y 10 millones, aunque no sabemos exactamente cuántos socios cooperativistas tenemos en el país”, continúa Dov Orian.

Uno de los problemas de la precisión en los datos es que en las oficinas del Registro Público del Comercio (rpc), a cargo de la Secretaria de Economía (se) a nivel federal y del Registro Público de la Propiedad (rpp) en las entidades, no existe un apartado específico para las cooperativas, si no que se encuentran agrupadas junto a los otros Organismos del Sector Social de la Economía (osse): comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores, además de que no existen listas actualizadas.

El Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) firmó apenas en junio de este año un convenio de colaboración con la Dirección General de Normatividad Mercantil (dgnm) de la SE, para obtener la información de las sociedades inscritas en RPP, pues aunque el SAT tiene registradas a 1,003 cooperativas de producción, hay organizaciones que funcionan en la informalidad.

La legislación tampoco favorece a las cooperativas, ya que aunque sean consideradas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no son vistas como tales y se rigen también bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas, y eso puede generar confusiones sobre sus funciones.

“Muchas veces [las personas] no saben lo que implica ser un cooperativista, y en medio de la desesperación económica las hacen conformarse con las esperanza de que les van a ayudar a obtener apoyos de las instituciones, pero cuando se trata de planificar, realizar un asamblea general y tomar decisiones no están preparados”, observa María Elena Rojas, colaboradora de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop) e investigadora de la UACH.

La falta de claridad tanto en los datos, la legislación y los procesos de formación afectan a los empresarios cooperativistas, sus proveedores y clientes, así como a la economía del país pues, “para planificar hay que saber quiénes somos, cuántos y dónde estamos parados”, agrega el doctor Juan José Rojas, socio-fundador de la Redcoop.

Para enmendar los errores, el gobierno “debe dejar de intervenir en su regulación, confiar en la capacidad de la sociedad civil para autoorganizarse y estimular la autogestión lo más ampliamente posible”, sugiere María Elena Rojas.

El sector cooperativo, por su parte, debe mejorar su capacidad de integración, sus formas de coordinación y buscar un protagonismo mayor, para que asuma su papel como uno de los tres pilares de la economía, tenga conciencia del sector, se fortalezca, genere vínculos dentro del sector y se incorpore a la cadena de producción junto con los sectores público y privado.

“Lo cooperativo se ha desarrollado en la oscuridad, ha tenido temor de salir a la luz pública y eso le ha afectado a que no pueda reclamar sus derechos y sea ignorado, tanto por la sociedad como por el gobierno”, afirma la investigadora de la uach.

El Inaes lanza convocatorias como la de “Apoyos en efectivo para proyectos productivos” (Integra), cuyo presupuesto es de dos mdp, y el apoyo por agrupación es de entre 400,000 pesos y un mdp; sin embargo, éstos recursos no sólo se focalizan a las cooperativas, sino a los 60,000 OSSE.

Además, Inaes ha formado alianzas con instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la Universidad Autónoma Metropolita (uam) y la Universidad Autónoma de Chapingo, con organizaciones como la Redcoop, y expertos como el doctor Juan José Rojas, para fomentar la capacitación y el crecimiento del sector.

Orian cree que un obstáculo a vencer es la falta de educación básica y el acceso a la tecnología, lo cual provoca que aunque existan apoyos de las instituciones, no puedan ser aprovechados, por lo que la Confederación ha optado por hacer alianzas con socios cooperativistas y autoridades locales que puedan llevar la información de boca en boca.

El fisco, por su parte, tiene que replantear la manera en cómo trata a las cooperativas, pues mientras en países como Costa Rica no pagan el ISR, en México les han reducido los beneficios fiscales y hasta se les discrimina.

“El problema ha sido que la política económica se ha orientado a beneficiar la inversión del sector privado y han descuidado al sector social de la economía. Mientras no cambie el sesgo de las políticas públicas es muy difícil que el cooperativismo pueda salir adelante en el país”, asegura el doctor Rojas.

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