Cooperativas Eléctricas piden apoyo económico

Cooperativas Eléctricas piden apoyo económico

Representantes de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires pidieron al gobierno provincial y nacional asistencia financiera para solventar un desfasaje de casi dos meses en sus cuentas, producto de la di-ferente aplicación de los fallos de la Justicia Federal y la bonaerense en torno a los aumentos de tarifas.

Los cooperativistas se reunieron esta semana con el ministro de Energía de la Nación y el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, a quienes les plantearon que sus empresas se encuentran en una "situación límite" debido a que abonaron durante dos meses el precio mayorista con el aumento dispuesto por el gobierno nacional, pero se vieron obligados a devolver lo cobrado de más a sus asociados por un fallo de la justicia provincial.
El presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba), Ni-colás Ambrosius, señaló que las cooperativas afrontan "un rojo importante", y explicó que registran una diferencia de "un mes y medio en el que no hubo recuperación".
Frente a esta situación, los cooperativistas solicitaron a Aranguren y Campbell una ayuda económica para "equilibrar" las cuentas de las más de 200 empresas locales que prestan servicio en diferentes pueblos y ciudades del interior bonaerense, con casi un millón de usuarios.
El primer desfasaje que afrontaron las cooperativas ocurrió a principios de año: es que el Gobierno nacional autorizó a la empresa estatal Camesa (la única proveedora mayorista de energía eléctrica) a aumentar sus precios el 2 de febrero, mientras que la Provincia recién actualizó el cuadro tarifario el 26 de febrero. Esa diferencia será cobrada a los usuarios en el plazo de un año, de acuerdo a una disposición del Organismo de Control de Energía (Oceba).
No obstante, las cooperativas sufrieron un nuevo revés cuando la Justicia bonaerense suspendió los aumentos y obligó a las prestadoras a devolver el dinero cobrado de más a los usuarios. Como las empresas ya habían comprado la energía con el precio de venta aumentado y Camesa solo entregó notas de crédito a cuenta de futuros pagos, la diferencia económica les generó serios inconvenientes financieros. "Cobramos la energía barata y la pagamos cara", detalló Ambrosius para ilustrar la situación.
Si bien Aranguren no respondió el pedido de auxilio financiero de las cooperativas, las partes quedaron en mantener en contacto a través de las autoridades provinciales. Por su parte, Ambrosius confirmó que una vez que la Corte Suprema de la Nación resuelva los planteos judiciales contra los aumentos de las tarifas de luz volverán a insistir con el pedido de fondos.

En Colón

La Cooperativa Eléctrica de Colón a pesar de las quejas que existen parece ignorar a igual que los concejales colonenses la resolución realizada por el Frente Ciudadano Patria Colón donde se re-quiere que el asociado (no usuario común) y a pesar de las ayudas dadas a este Ente en los últimos años ( tema que será tratado en los próximas ediciones) desde distintos niveles del Estado y en diferente forma y a pesar de esto se niega a proporcionar la información del estado del medidor cuando se pasa a controlar los kilowatts del mismo.

Situación Bonaerense

Mientras se espera que la Corte Suprema resuelva los planteos judiciales en torno a los aumentos de la energía mayorista, el gobierno bonaerense autorizó en julio a las distribuidoras eléctricas y cooperativas de la provincia a comenzar a facturar en forma atenuada el aumento de las tarifas, con incrementos entre un 65 y un 100 por ciento.
La orden autoriza a las prestadoras a efectivizar parte del cobro dispuesto en la resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura, descontando por el momento el incremento del precio mayorista.
La Provincia quedó habilitada a efectivizar este movimiento luego de que la semana pasada la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata aceptara una apelación del Ejecutivo bonaerense y ordenara suspender un fallo que frenaba las subas hasta resolver la cuestión de fondo.
De este modo el gobierno quedó habilitado a autorizar el incremento de los costos expresados en el "Valor Agregado de Distribución" (VAD), una de las variables que, según detallaron fuentes oficiales, explica el 60% de la composición de las facturas.

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